El negocio de las drogas se ve enmarcado en
un contexto donde el discurso reinante es del tipo belicoso, donde la llamada
“guerra contra las drogas” sólo muestra el fracaso internacional de la
prohibición y el control del narcotráfico. El aumento radical en materia de
producción, consumo, creación de mercados negros y sofisticación de los medios
de tránsito y comercialización de diversos tipos de drogas son claros
exponentes del porqué de la existencia de malogradas políticas de control de
drogas ilícitas.
Ésta evidencia reclama una nueva mirada,
tanto global como específica, que debe tener un nuevo enfoque. Pero ello debe
partir de una consideración fundamental: el crecimiento y la complejización del
narcotráfico a nivel global han estado básicamente determinado por la fabulosa
demanda de sustancias ilegales que se sostiene y amplía continuamente en los
países centrales de mayor desarrollo económico, en particular, aquellos países
del mundo occidental en cuyas sociedades se han estructurado mercados de
consumo minorista, cada vez más extensos y diferenciados.
Sería una falacia insostenible afirmar que
la oferta determina la demanda, porque ello conduciría a “fetichizar” la
sustancia, a darle vida y a creer que ella, por sí misma, crea las condiciones
políticas, sociales, culturales y económicas para su consumo.
Los países del Cono Sur constituyen
corredores de tránsito internacional de drogas. Este concepto fue señalado por
los principales organismos internacionales especializados en la materia y por
los gobiernos de la región.
No obstante, en los últimos tiempos, en
estos países, se han desarrollado nuevas tendencias dadas por el crecimiento
del consumo y la articulación de mercados minoristas inexistentes hasta
entonces; en Argentina, por ejemplo, el aumento del contrabando de productos
derivados de la industria química y farmacéutica; y la conformación de ciertos
circuitos y plazas auspiciosas para el lavado de dinero sucio.
Ello, en alguna medida, ha estado apuntalado
por el crecimiento relativo de la mayoría de nuestras economías, pero también,
por algunas deficiencias institucionales que deben ser abordadas sin tapujos.
El 11 de junio del año pasado, el Doctor Aníbal Fernández, actual senador de la
nación, sostuvo apropiadamente que “en la Argentina, las políticas estatales
[contra el narcotráfico] han sido de corte netamente represivo, han estado
desprovistas de coordinación y han sido erráticas, encaminando sus esfuerzos en
perseguir al consumidor”, todo lo cual ha desembocado, según sus propias palabras,
en “un total y rotundo fracaso. A medida que los procedimientos son mayores,
las cárceles están llenas de adictos o pequeños comerciantes”.
Esto
ha sido así. En efecto, en la Argentina, la ausencia de políticas
integrales en materia de control del narcotráfico ha respondido a ciertas
deficiencias significativas cuya superación requiere de un conjunto de acciones
institucionales básicas.
En primer lugar, resulta indispensable el
desarrollo de un cuadro de situación actualizado e integral del narcotráfico en
el país, en todo lo atinente al tráfico, tránsito, comercialización y consumo
de drogas ilegales así como a la producción y comercialización de precursores
químicos y al lavado de dinero. Dicho diagnóstico debería desarrollarse en dos
niveles.
En el plano estratégico hay que analizar
cómo se desarrolla el fenómeno del narcotráfico y, a raíz de esto, elaborar
políticas públicas acordes y eficientes a prohibir el comercio de drogas. En el
plano táctico, a los efectos de dar cuenta de las actividades y acciones
concretas del narcotráfico así como de los grupos y redes narcotraficantes.
La experiencia regional nos indica que
aquellos países que no tienen la capacidad de construir un diagnóstico
apropiado acerca de la situación del narcotráfico quedan a expensas de que
dicho cuadro sea realizado e impuesto por las agencias policiales y de
investigación de los países dominantes de la región, siempre de acuerdo con sus
perspectivas y con sus intereses, los que no siempre son convergentes con los
nuestros.
En consecuencia, las problemáticas del
narcotráfico deben ser incorporadas en la agenda gubernamental de seguridad
pública como un asunto prioritario, pero siempre a partir de un cuadro de
situación autónomamente definido, conforme las perspectivas e intereses
nacionales.
Ello, a su vez, debería ir acompañado
necesariamente de la actualización y modernización de las bases legales y
normativas del sector así como de la conformación de un servicio civil
especializado en el control del narcotráfico.
Finalmente, es indispensable emprender un
profundo proceso de modernización de la policía
tendiente a superar dos defectos que cercenan un accionar la institución
eficiente en la materia. Por un lado, el anticuado órgano de las fuerzas de seguridad y su función social como también su doctrina
frente al aumento y la complejización del narcotráfico. Por el otro, la
existencia de bolsones de corrupción policial volcados a la regulación y
protección de actividades delictivas de altísima rentabilidad económica, entre
ellas, el narcotráfico.
No se puede hacer frente eficientemente a
los grupos delictivos organizados con instituciones policiales pobres, dotadas
de presupuestos insuficientes, ya que esto promueve la creación de mecanismos
de recaudación ilegal de fondos.
Esto abre la puerta para que las poderosas
organizaciones criminales que están detrás de los negocios de referencia
consigan controlar, por medio de su fabulosa capacidad corruptiva, a sectores o
grupos policiales abocados a su control y desarticulación.
La Barca Cubana, julio 2013.
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