Por
Juan Ignacio Lanari
Todos los medios de comunicación se hicieron
eco en los últimos meses del conflicto docente. La provincia que protagonizó
indiscutidamente éstos reclamos fue Buenos Aires, a causa de ser la única que
no consiguió una negociación exitosa y llegó a “destrabar” el conflicto por
medio de un decreto unilateralmente firmado por el ejecutivo provincial que
instaba a la conciliación obligatoria.
No es noticia y no llama la atención que
todos los comienzos de año el gremio docente se enfrente al Estado buscando un
aumento salarial, ¿Por qué ésta medida parece ser interminable y se repite año
tras año? Ésta pregunta parece ser muy simple y, a la vez, muy compleja para
responder. Para entender el conflicto hay que volver varios años atrás en la
historia de nuestro país y, quizá con esto entendamos un poco más por qué el
gremio docente no consigue una reivindicación laboral definitiva y cobra, en
promedio, menos de la mitad que un empleado del sector financiero.
La educación a nivel nacional sufrió un
cambio significativo en 1956, poco después que la “Revolución Libertadora”
derrocara el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En ese
momento se empezó a gestar un proyecto que consistió en transferir
instituciones educativas y docentes de la Nación a las provincias para
“federalizar la Educación”. En realidad, el objetivo de esto no fue
descentralizar la toma de decisiones sino reducir el gasto público del Estado
Nacional.
Éste proyecto se produjo mediante seis
etapas que fueron paulatinamente cumpliendo el objetivo hasta terminarlo en la
década de los noventa, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Éstas se
llevaron a cabo en los años 1956(ley n° 7977/56; 1961 y 1962 (leyes n° 15.021,
15.796 y 16.432); 1968 (ley n° 17.878); 1978 (leyes n° 22.367 y 22.368); y 1992
(ley n° 24.049). En total, una vez terminadas estas seis etapas, 10.980 centros
educativos y 120.000 docentes dejaron de depender del Estado Nacional para ser
responsabilidad de provincias y municipios.
Esto tuvo repercusiones sociales y
económicas a nivel provincial y regional. A nivel social, repercutió en lo que
se conoce como segmentación educativa ya que al no tener un eje regulador ni un
Estado auxiliador, las regiones reflejaron en la calidad educativa, la
desigualdad económica existente en los distintos puntos del país. Por su parte,
las provincias tuvieron que aumentar su presupuesto para educación a merced de
la desinversión del Estado Nacional (mientras, en promedio, las provincias
aumentaron un 38 por ciento la inversión, Nación lo hizo a un 8 por ciento).
El Estado neoliberal empezó a mostrarse
debilitado en la última parte de la década de los noventa y estalló a fines del
2001, provocando una crisis que casi alcanza la hiperinflación y generando una
fuerte tensión social que llevó a la renuncia del entonces Presidente, Fernando
de la Rúa.
Luego de la crisis, las políticas de Estado
adoptadas por Néstor Kirchner, mostraron un cambio de paradigma y la educación
no estuvo ajena a esto. En el año 2005 se sancionó la ley de financiamiento
educativo (n° 26.075). En ésta, el Estado se comprometía a conseguir en 2010
destinar el seis por ciento del Producto Bruto Interno al financiamiento
de Educación, Ciencia y Tecnología.
Además, en 2006 se firmó la ley de Educación nacional (n° 26.206), que le dio
forma a una nueva estructura académica del sistema educativo y reafirmó el
compromiso de destinar no menos del seis por ciento de PBI exclusivamente a la
Educación.
En conclusión, observando los dos sistemas,
la intervención nacional en materia educativa demuestra un mejoramiento en
relación a las desigualdades entre las provincias y en el salario docente que
alcanzó un aumento, entre 2003 y 2012, del 570 por ciento (con una inflación
acumulada del 365 por ciento) y llegó en 2012 a ser el salario docente más alto
desde 1996.
Ahora bien, teniendo en cuenta el notable
avance del sueldo docente en los últimos años que lo ubica por encima del
crecimiento del salario real de toda la Economía argentina, ¿Qué puesto ubican
los docentes en relación a su remuneración?
Según un documento publicado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, el salario docente ubica el
segundo peor puesto en el sector servicios y el tercero en general. Tal vez sea
esto lo que provoca las movilizaciones y los paros docentes regularmente todos
los años.
Ahora vamos a analizar el caso de la
provincia de Buenos Aires que, como dijimos anteriormente, protagonizó un
escándalo con los sindicatos docentes. El gobernador Daniel Scioli, tras varias
negociaciones que fracasaron, dictó la conciliación obligatoria fijando un
aumento del 22,6 por ciento a cobrar en tres cuotas (12 % en marzo, 6,6% en
septiembre y 4% en diciembre).
¿Cuál es la
causa de que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
haya arreglado un aumento del 26 por ciento? Desde la gobernación provincial se
desligaron de la responsabilidad asumida en la ley de Educación provincial.
El gobernador denunció que el Estado
Nacional no permitió endeudarse a la provincia ni transfirió fondos para
solucionar el conflicto. Es cierto que tras haber registrado un incremento del
33,8 por ciento en recaudación por IVA e Impuesto a las Ganancias, el Estado
Nacional transfirió a Buenos Aires un 10 por ciento menos de fondos que a las
demás provincias y, además, prohibió el endeudamiento. Hay algo que es
indiscutible y evidente: la tensión entre los dos gobiernos después de que
Daniel Scioli exprese públicamente su candidatura presidencial para el 2015.
Quizá por esto el gobernador esté pagando un precio político, sin dejar de lado
su ineficiencia para administrar su distrito.
Verdaderamente, las víctimas de este
conflicto no son ni el Gobierno provincial ni el nacional por tener que
destinar más fondos a la provincia. Éste enfrentamiento termina afectando
indudablemente a los docentes y, en consecuencia, a los miles de chicos de
escuelas públicas que se quedan sin
clases por las medidas de fuerza adoptadas por los gremios.
¿Ésta es la importancia que nuestros
representantes le dan a la Educación? Si la educación “Es el futuro”-como
dicen-, ¿No deberían obrar con más responsabilidad y con más conciencia de
quienes son las verdaderas víctimas de sus pujas de poder?
La Barca
Cubana, junio 2013.
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